La Corte Penal Internacional (CPI) condenó las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos contra su presidenta, Tomoko Akane, y el fiscal principal de juicio, Abdoulaye Seye, al considerar que representan una amenaza directa contra la independencia del tribunal y su capacidad para impartir justicia.
En un comunicado, la Corte calificó las medidas como “un ataque flagrante” contra una institución judicial independiente y sostuvo que sus jueces y fiscales actúan bajo el mandato otorgado por los Estados que forman parte del Estatuto de Roma.
La reacción de la CPI se produjo después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunciara el martes nuevas sanciones contra Akane y Seye. Washington mantiene desde hace meses una ofensiva contra el tribunal, al que acusa de exceder sus atribuciones y representar una amenaza para la soberanía de Estados Unidos.
La CPI fue creada en 2002 mediante el Estatuto de Roma y, aunque es independiente de Naciones Unidas, tiene competencia para investigar y juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión cuando se cumplen las condiciones establecidas por su mandato.
Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma y rechaza la posibilidad de que la Corte pueda ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses por delitos presuntamente cometidos fuera de su territorio.
ONU expresa preocupación
La nueva ronda de sanciones también generó preocupación dentro de Naciones Unidas.
El portavoz del organismo, Stéphane Dujarric, señaló que el secretario general António Guterres está “seriamente preocupado” por las medidas adoptadas por Estados Unidos y por las sanciones que ya pesan sobre otros funcionarios de la Corte.
Dujarric recordó que, aunque la ONU y la CPI son organismos independientes y cuentan con mandatos diferentes, Naciones Unidas considera al tribunal un elemento esencial del sistema internacional de justicia penal.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también rechazó las nuevas medidas y pidió que sean retiradas.
El alto comisionado Volker Türk llamó a los Estados a defender las instituciones creadas para proteger los derechos humanos y el Estado de derecho, así como a garantizar protección para los funcionarios de la CPI que sean objeto de represalias.
Las sanciones alcanzan a más funcionarios de la Corte
Las nuevas medidas se suman a las sanciones aplicadas anteriormente por Estados Unidos contra integrantes de la CPI durante los gobiernos de Donald Trump.
Entre los funcionarios sancionados se encuentra el exfiscal jefe Karim Khan, quien posteriormente dejó el cargo. Con las nuevas designaciones, nueve de los 18 jueces de la Corte, además de dos fiscales adjuntos, el exfiscal y un integrante del personal, enfrentan restricciones para realizar transacciones con ciudadanos estadounidenses y limitaciones dentro del sistema financiero internacional.
De acuerdo con reportes de prensa, Seye ha participado en investigaciones relacionadas con el financiamiento israelí de asentamientos en Cisjordania y con la presunta distribución de armas a colonos.
La confrontación entre Washington y la CPI también está relacionada con las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra vinculados con el conflicto en Gaza.
Estados Unidos ha rechazado las actuaciones de la Corte y el propio Rubio afirmó en julio que su país buscaría desmantelar lo que calificó como una amenaza para la soberanía estadounidense.
CPI advierte por impacto en las víctimas
La Corte Penal Internacional advirtió que las consecuencias de las sanciones van más allá de sus propios funcionarios y pueden afectar directamente a las personas que buscan justicia por crímenes internacionales.
El tribunal sostuvo que cuando jueces y fiscales son amenazados o castigados por cumplir con sus funciones, también se pone en riesgo el funcionamiento del sistema jurídico internacional.
La CPI señaló que muchas de las víctimas que acuden a ella lo hacen después de haber agotado otras vías para obtener justicia y advirtió que las medidas de presión pueden limitar su capacidad para acceder a ese proceso.
Pese a las sanciones, la Corte aseguró que mantendrá sus investigaciones y procesos con independencia e imparcialidad, además de reiterar su respaldo a las víctimas y a su personal.
El tribunal también agradeció el respaldo recibido de los Estados Parte, organizaciones de la sociedad civil y otros sectores que defienden el Estado de derecho.
“Continuará su labor” con el apoyo de sus Estados Parte, afirmó la CPI, al reiterar que mantendrá su mandato pese a las presiones de Estados Unidos.
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