Un juez federal vinculó a proceso a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas relacionado con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Además, ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”.
La resolución fue dictada durante la madrugada de este 12 de agosto, al término de una audiencia que concluyó a las 2:31 horas.
Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba suficientes para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que Aguirre Rivero haya participado en él.
El juzgador estableció un plazo de cuatro meses para realizar la investigación complementaria, periodo que concluirá el próximo 4 de diciembre.
Aguirre Rivero fue procesado por el delito de desaparición forzada de personas, en la modalidad que contempla penas de entre 40 y 60 años de prisión, además de una multa de 10 mil a 20 mil días de salario, para el servidor público que oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad o el paradero de una persona.
La acusación contra el exgobernador
De acuerdo con la imputación de la FGR, el exmandatario estatal habría ordenado ocultar o destruir los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente, cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La principal base de la acusación son los testimonios de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora general de la misma institución, ambas también procesadas.
Estrada Ortega declaró que el 29 de septiembre de 2014 sustrajo de la oficina de Galeana Marín el disco que contenía las grabaciones y que ese mismo día, alrededor de las 20:30 horas, lo entregó en Chilpancingo.
Según su testimonio, al día siguiente se realizaron dos reuniones en el Palacio de Gobierno, donde Aguirre Rivero habría cuestionado a integrantes de su gabinete sobre si ya habían destruido las evidencias relacionadas con el caso. De acuerdo con la declaración, el entonces gobernador habría argumentado que las desapariciones no podían llegar a mayores debido a las relaciones que mantenía con el Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
La FGR presentó 13 datos de prueba, mientras que la defensa ofreció 31, entre ellos seis testimonios, notas periodísticas, publicaciones en redes sociales, documentos notariales y actas de nacimiento.
Defensa sostiene que Aguirre no estaba en Chilpancingo
Los abogados del exgobernador, encabezados por Guillermo Barradas Cendón, argumentaron que el 29 de septiembre de 2014 Aguirre Rivero no se encontraba en Chilpancingo, ya que a las 18:00 horas habría sostenido una reunión con Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, en la Ciudad de México.
La defensa también expuso que el 30 de septiembre el entonces gobernador participó en tres reuniones en Casa Guerrero, residencia oficial del Ejecutivo estatal.
Una de ellas fue con integrantes del equipo de futbol Avispones, quienes habían sido atacados a balazos el 26 de septiembre en Iguala. Posteriormente sostuvo un encuentro con militantes del Partido Acción Nacional y una tercera reunión con el Grupo de Coordinación Guerrero.
En esta última participaron representantes de la entonces Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, además de Rafael Ojeda Durán, quien en ese momento era comandante de la Octava Zona Naval y posteriormente se desempeñó como secretario de Marina.
Por su parte, el fiscal federal David Roberto Rojas Ramírez presentó dos pruebas de refutación: una geolocalización y una declaración ministerial rendida por el exmandatario hace más de una década.
La defensa señaló que ambas pruebas provenían de una averiguación previa iniciada en 2015 y que fueron incorporadas al expediente apenas el 9 y 10 de agosto de 2026. También sostuvo que el número telefónico utilizado para la geolocalización correspondía a un abogado de apellido Villalobos.
El juez determinó no admitir la geolocalización como prueba, aunque la calificó como “imperfecta” y no ilegal, al considerar que la Fiscalía podría perfeccionarla durante la etapa de investigación.
Padres de los normalistas piden que Aguirre permanezca en prisión
Durante la audiencia, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos participaron por videoconferencia desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y solicitaron al juez que procesara al exgobernador y mantuviera la medida de prisión preventiva.
“El exgobernador necesita estar en la cárcel, es lo que nosotros queremos, porque no sabemos nada de nuestros hijos y queremos saber a dónde se los llevó y también investiguen a Peña Nieto”, expresó una de las madres.
El juez señaló que, debido a la naturaleza del delito de desaparición forzada, el análisis debe realizarse de manera atenuada y flexible, con base también en pruebas indiciarias.
“Aquí no vamos a encontrar pruebas directas, porque el objetivo del delito es ocultar pruebas”, manifestó.
Añadió que ninguno de los testimonios o documentos presentados por la defensa generó en él la convicción suficiente para establecer que Aguirre Rivero no estuvo involucrado en los hechos.
Al concluir la audiencia, la defensa del exgobernador expresó su desacuerdo con la resolución y anunció que apelará la vinculación a proceso.
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