Estos no son los tiempos más felices para la libertad de expresión, pese a lo que festeja el régimen. No puede negarse que los ataques contra la crítica, la investigación y el periodismo independiente se han multiplicado en los últimos años. En muchas regiones del país, ejercer el periodismo se ha convertido en una actividad de altísimo riesgo. La censura, además, ha encontrado nuevos instrumentos.
Humberto Musacchio publicó recientemente un libro valioso que documenta precisamente esos “nuevos rostros de la censura”. Cállense es el título de esta recopilación de denuncias, publicada por Grano de Sal.
En efecto, México enfrenta una nueva oleada de censura. Las leyes se han convertido, en algunos casos, en instrumentos para imponer silencio. Los tribunales actúan como inquisidores dispuestos a callar a ciudadanos para proteger a políticos. La censura también aparece en los juzgados y en el uso abusivo de las palabras desde el poder, que puede estimular el linchamiento público y enviar señales a las instituciones del Estado para intimidar a quienes cuestionan.
María Amparo Casar ha documentado meticulosamente algunos de estos nuevos mecanismos de censura. Se atenta contra la libertad de expresión cuando desde la Presidencia se arremete contra periodistas; cuando se convoca al boicot de un medio de comunicación; cuando se utiliza la publicidad gubernamental para premiar a medios afines y castigar a los independientes; cuando se emplean instrumentos coactivos del Estado contra los críticos; cuando se busca asfixiar fiscalmente a organizaciones de la sociedad civil; cuando se exhiben datos personales de quienes cuestionan al poder; cuando se deja indefensos a periodistas amenazados por el crimen organizado o cuando se oculta información pública.
La lista de estos mecanismos puede consultarse en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Casar, mientras tanto, ha dejado de tener la presencia que durante años mantuvo en distintos medios de comunicación, después de convertirse en blanco de una intensa campaña de ataques encabezada desde la Presidencia de la República.
Es necesario defender los derechos de las audiencias, pero esa defensa debe aplicarse también a los medios públicos. Para la Presidencia, para el Gobierno y para los medios oficiales parece existir un margen prácticamente ilimitado: pueden cuestionar, descalificar, ridiculizar e incluso difamar a sus adversarios y críticos.
Los medios gubernamentales son utilizados, cada vez con mayor frecuencia, como instrumentos de propaganda política, dedicados a exaltar los logros de la Presidenta y de su administración, mientras cuestionan a las oposiciones y a quienes expresan posiciones críticas.
Frente a la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum existe, sin embargo, una defensa que la propia Presidenta ha planteado: el ciudadano puede simplemente no verla. “Que no la vean”, ha dicho cuando se cuestiona el contenido de sus conferencias.
Pero queda una discusión pendiente: ¿cómo debe hablar el poder?
Si los ciudadanos deben contar con el mayor espacio posible para expresarse, escribir y publicar, quienes hablan en nombre de las instituciones de la República deberían estar sujetos a estándares particularmente estrictos. El politólogo estadounidense Corey Brettschneider ha abordado precisamente esta cuestión: cuando habla el Estado, ¿cómo debe hacerlo?
Los gobernantes no tienen por qué guardar silencio frente a las posiciones con las que discrepan. Tampoco deben rehuir el debate público. Pero sus palabras deberían buscar la persuasión y renunciar a cualquier forma de intimidación.
Por eso, la Presidenta no debería estigmatizar a sus críticos ni utilizar recursos públicos para premiar a quienes la respaldan. Tampoco debería sugerir que se ignore la ley cuando esta entra en conflicto con valores que considera superiores al derecho.
No parece demasiado exigir un compromiso con la verdad, argumentos sólidos, reconocimiento de la legitimidad de quien discrepa y respeto irrestricto a la ley.
Sheinbaum podrá encontrarse en las antípodas ideológicas de Donald Trump o Javier Milei. El tono de su discurso puede ser muy distinto. Sin embargo, como ellos, también corre el riesgo de convertir los micrófonos del Estado en instrumentos para descalificar y menospreciar a quienes piensan diferente.
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